Un total de 33 asociaciones hoteleras de diferentes países del mundo se han reunido en Barcelona con el objetivo de compartir información y coordinar estrategias frente a un gigante tecnológico que ofrece alojamiento turístico en 65.000 ciudades y factura 2.600 millones de dólares al año. Y lo hace sin tener una sola habitación en propiedad.
Pero el problema que se repite a escala global, según denuncian los hoteleros, es que Airbnb sigue comercializando decenas de miles de camas turísticas sin el permiso y/o el conocimiento de las autoridades locales.
Por dicho motivo, representantes de asociaciones hoteleras de Nueva York, París, Londres, Milán, Japón, Croacia, Buenos Aires, Tel Aviv, Australia, entre otros, participan en este encuentro, organizado por el Gremio de Hoteles de Barcelona. Significativamente, estas jornadas se llaman «ReformBnB».
Se trata de la segunda cita que mantienen estas asociaciones, tras un primer encuentro que tuvo lugar en Nueva York en noviembre de 2018.
«El objetivo de este encuentro es remarcar que el fenómeno del alquiler turístico es global», dice Manel Casals, secretario general del Gremio de Hoteles de Barcelona
Sin embargo, frente a ese fenómeno global, las respuestas por parte de las administraciones públicas de cada país, región o ciudad han sido hasta ahora demasiado locales y descoordinadas entre ellas.
«Cada administración local nos decía que, en relación al alquiler turístico ilegal, tenía un problema muy específico de la propia ciudad o región. Pero en cambio, nos encontrábamos que todas las ciudades y regiones acababan diciendo lo mismo. Y cada una de ellas está legislando de manera diferente, probablemente porque tampoco sabían exactamente cómo afrontar este problema», explica Manel Casals.
Pautas comunes
Para romper esa dinámica de descoordinación, las 33 asociaciones hoteleras preparan un documento unificado de pautas o recomendaciones, que harán llegar a las administraciones de sus respectivos países.
En dichas pautas se recomendará por ejemplo a las administraciones que aprueben por ley un número de registro para cada apartamento, que obliguen al cumplimiento de unas normativas de seguridad en cada vivienda turística, así como unas normas de sanidad, establecer niveles de responsabilidad tanto para los anfitriones como las plataformas, etc.
«Las administraciones han ido probando diferentes medidas y en algunos casos ha habido buenas soluciones«, dice Casals. «Aunque a veces las mismas medidas no han funcionado del mismo modo, quizá porque no se ejecutaron correctamente», admite.
Por ejemplo, Cataluña fue pionera a la hora de introducir un número de registro para cada apartamento, «cosa que ha sido muy efectiva», dice Casals, «pero en cambio aquí todavía no se ha regulado el alquiler de habitaciones. Y el ejemplo de Nueva York puede servirnos«.
Y es que en la ciudad de los rascacielos, los propietarios particulares pueden alquilar pisos o habitaciones «si no es una actividad profesional. Marcar esto como una actividad no profesional es algo muy claro que funciona en ciudades como Nueva York y Amsterdam. Si no vamos con cuidado y no hacemos como en esas ciudades, en Barcelona vamos a tener un problema», advierte Manel Casals.
Cambio de percepción social
Por otra parte, el secretario general del Gremio de Hoteles de Barcelona destaca que en los últimos años ha cambiado la percepción de la sociedad hacia el fenómeno del alquiler turístico.
«En general, la gente defendía estas modalidades de alojamiento y ahora esto no ocurre. El alquiler de pisos turísticos se ve como algo que genera molestias, que deja menos riqueza en la sociedad en forma de impuestos, etc», dice.
«El alquiler se veía como algo bonito hace una década, en el marco de la economía colaborativa, pero eso pasaba cuando aún era economía colaborativa de verdad. Este cambio de percepción lo vemos cada vez más en ciudades como París, Barcelona…»
¿Acabará la Unión Europea estableciendo una norma común?
«Estoy convencido de ello», dice Manel Casals. «Estamos ante un fenómeno que cada vez más afecta al día a día de muchos ámbitos: la vivienda, el transporte… Seguramente la UE comenzará dando algún tipo de directrices, pero si ven que con eso no se soluciona el problema, tendrán que acabar sacando una directiva europea».
