Ya no es solo el sector turístico. Ahora es la joven y prometedora industria del cine la que se ve sorprendida por el desafecto de inversionistas. Netflix no quiere grabar aquí, aunque no se tengan noticias de problemas en sus experiencias anteriores o las de otros proyectos.

Urge contrarrestar más eficazmente esa imagen de inseguridad levantada tras el intento de asesinato de David Ortiz (Sí, sí, por error; lo confundieron con otro señor que pasaba por ahí…)

y las muertes sin elementos comunes de unos turistas.
La mejor defensa sería, obviamente, demostrar que son incidentes aislados, insólitos. Y para eso hay que poder mostrar un país más seguro. Aquí no hay terrorismo, ni maras, ni tiroteos en las escuelas, ni guerrilla y las bandas como los Trinitarios o los Dominican Don’t Play no “trabajan” en estas calles. Pero estamos lejos de ser un país seguro. De hecho, los turistas y los cineastas extranjeros están bastante, mucho, más seguros que los residentes.

Pero hay otra seguridad, la jurídica e institucional, que importa tanto como la otra. Y ahí las cosas están muy turbias. Los problemas reales del país no tienen nada que ver con el duelo interno del PLD. La situación está durando demasiado. El dinero es cobarde, tanto el de fuera como el local y la ralentización de la economía tiene mucho que ver con la incertidumbre que los políticos han creado.

Ocupadas en su ombligo, las autoridades tardaron en responder a las campañas contra el turismo (y lo que se ha hecho tampoco es espectacular). No pueden esperar tanto para defender al cine, para recuperar la imagen perdida.

Está siendo un año complicado. Hay muchos frentes abiertos, dentro y fuera. Se supone que la clase política no debería empeñarse a que lo sea más.