No se recuerda una crisis como esta. Ni el 11-S, ni el anterior coronavirus (SARS), la gripe aviar o la caída de Lehman Brothers habían limitado tanto la movilidad y los viajes como ha hecho el nuevo covid-19. «La alarma social generada por la extensión del coronavirus ha colocado al sector turístico español en una situación de emergencia y de una intensidad sin precedentes», según ha alertado el lobi turístico Exceltur.
Tanto, que desde esta asociación que integra a empresas punteras del sector como Iberia, Meliá, Globalia o Renfe se habla de unas pérdidas de 18.825 millones en la actividad directa e indirecta si el efecto del virus dura dos meses –Semana Santa mediante— y asciende hasta 33.668 millones si se alarga cuatro meses, es decir, si la ya reconocida pandemia llega hasta la temporada alta veraniega (mes de julio).
Las caída de las ventas en el sector se ha acrecentado en los últimos diez días hasta un 46%, según una encuesta realizada entre sus asociados. En concreto, el descenso se habría incrementado de manera exponencial, al pasar del -4,4% de las ventas el día 1 de marzo, al -11,6% el 4%, el 4 de marzo y el -27,1% registrado el último día de la encuesta, este miércoles 11 de marzo.
«Las empresas turísticas necesitan instrumentos de flexibilización y ajuste proporcional de sus costes de mucha mayor envergadura que las anunciadas (este jueves por Pedro Sánchez) para evitar que lo que debe ser una crisis coyuntural se convierta en estructural y ponga en riesgo la viabilidad de miles de empresa sin distinción de tamaño», ha expresado Exceltur.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 457.000 empresas que se dedican al sector turístico con un valor en el PIB de 157.000 millones de euros. Estas empresas piden, como ya han hecho las aerolíneas, facilitar el aplazamiento de pago sin coste de las cuotas de la Seguridad Social y el IVA, y una reducción de los plazos de reembolso de las liquidaciones a devolver del IVA.
Una revisión de la normativa de cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, flexibilizar al máximo la distribución del trabajo a lo largo del año, permitiendo el descuelgue temporal de los convenios, facilitando los procesos de adelantar vacaciones e introduciendo los denominados en otras jurisdicciones «días solidarios».
También agilizar al máximo de días la gestión y aprobación de ERES temporales, como el que han criticado los sindicatos que se hará en Meliá, y ampliar la dotación de créditos blandos del ICO “al menos” a 5.000 millones de euros, después de que el Gobierno anunciase la ampliación de esta dotación a 400 millones de euros.
