La negativa del Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales a ofrecer detalles sobre la realización del estudio de Impacto Ambiental para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) S.A.S, y la manera en que fueron realizadas las vistas públicas para el desarrollo del proyecto crea suspicacia en diversos sectores del país.
El Ministerio de Medio Ambiente se negó a ofrecer la información requerida, a través de sus comunicaciones OAI-RE-20-109, OAI-RE-20-112 Y OAI-RE-20-115, en respuesta a las solicitudes enviadas por diversos interesados, quienes pidieron copia de los Términos de Referencia (TDRs), emitidos por la Dirección de Evaluación Ambiental de la entidad, en virtud del proceso que sigue en relación al proyecto; un inventario de los documentos depositados en la Dirección de servicios; autorizaciones Ambientales del Ministerio, para dar inicio al proceso de evaluación; copia del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la empresa COYDISA INSTALACIONES, S.R.L, alegando las limitaciones de la ley general de Libre Acceso a la Información Pública, cuando se trata de secretos comerciales, industriales, científico, técnicos, propiedad de particulares, permiso, autorización o cualquier otro trámite, cuya revelación pueda causar perjuicio económico.
Respecto a la solicitud, de información y documentación sobre las vistas públicas realizadas en la comunidad El Salado, Tres Piezas, del Municipio de Higüey, provincia La Altagracia, para dar a conocer los resultados del Estudio de Impacto Ambiental realizado para la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro, el Ministerio solo otorgó información parcial sobre la segunda vista pública, negándose a ofrecer información sobre la primera vista pública, que se realizó durante el primer Estado de Emergencia con el Decreto 134-20 del 19 de marzo de 2020 por el Presidente Danilo Medina que disponía restricciones a las libertades de tránsito, asociaciones y reuniones.
De igual forma, es relevante que a dichas vistas públicas no fueron convocados importantes entidades relacionadas al quehacer turístico y aeronáutico de la zona, como son la Asociación de Hoteleros y el Aeropuerto de Punta Cana y, sobre todo la coyuntura política y social en que se realizan esas actividades de cara a las limitaciones y restricciones vigentes en medio del Estado de excepción vivido y las realidades derivadas del COVID-19. De igual forma, causa suspicacia el nivel de celeridad con que se han otorgado las autorizaciones, justo antes del traspaso de mando de gobierno, el próximo 16 de agosto.
En respuesta a los requerimientos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hizo de público conocimiento que el Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, estuvo disponible de nueve de la mañana a dos treinta de la tarde en las oficinas de la entidad, la cual solo estuvo por 15 días en la página web de la institución, a partir del 25 de junio del presente año.
Vuelve a llamar la atención que, durante 15 días fuese pública y, a partir del día 16 en lo adelante, ya no lo sea, máxime que la autorización de un aeropuerto, por su envergadura, trascendencia e impacto social, económico y ecológico a medio y largo plazo, implica, necesariamente, los máximos niveles de transparencia y acceso a toda la información disponible hacia los comunitarios, las partes interesadas y la ciudadanía en general.
