Los efectos del COVID 19 sobre la actividad económica, el empleo y la pobreza obligan a poner en marcha políticas de desarrollo más proactivas e incluyentes en los territorios para evitar que se profundice aun mas la distancia entre riqueza y escasez.

Las políticas post-COVID 19 no deben ser las mismas anteriores a la pandemia. Se necesita una mayor y mejor articulada respuesta a una crisis de salud pública que genera crisis productiva, expulsión de decenas de miles del mercado laboral, caída vertiginosa del turismo y una agravada desigualdad social.

No bastarán los subsidios. La recuperación de la economía-sociedad dominicana hace imperativo que el Estado y el sector privado cooperen de manera innovadora para dinamizar las comunidades, con medidas efectivas para distribuir más equitativamente el gasto público y desarrollar proyectos de inversión pública y privada en los territorios y no solo en las grandes ciudades.

Ese es el escenario a construir con el relanzamiento del turismo. De esquemas de acción fragmentada en que cada sector, privado, público y comunitario, actúa usualmente por su cuenta, con escasas y precarias sinergias, ha de transitarse hacia planes de acción concertados que direccionen y potencien los recursos y capacidades colectivas.

Será necesario potenciar significativamente nuestra capacidad de desarrollo y eso es posible a través de compromisos y acciones claves entre el Gobierno central, el Gobierno local, el sector privado y el liderazgo comunitario que generen nuevos impulsos de crecimiento compartido y sostenibilidad.

No será posible un sector turístico relanzado y consolidado a mediano plazo en entornos donde no existen agendas colectivas de desarrollo, planes y regulaciones efectivas de ordenamiento territorial, caracterizados por patrones de actividad económica cortoplacista en parte desentendidas del deterioro medioambiental.

Se hace urgente resolver asuntos básicos como los usos del suelo y del agua, la regulación de los bienes raíces, la contaminación por desechos sólidos, la erosión de los corales y las playas, la formación del recurso humano y otras dimensiones que nos hacen recordar que el turismo no es una actividad aislada sino que su futuro depende también del funcionamiento de las instituciones y del contexto social.

Estos retos de sostenibilidad se agudizarán en la próxima década por el hecho comprobado de que la costa es particularmente vulnerable al cambio climático, lo cual, unido a la falta de regulación de los asentamientos humanos, atenta contra la calidad y continuidad de las playas.

La fragilidad de los ecosistemas costeros contrasta con los déficits de planificación del crecimiento urbano y de su densidad, del ordenamiento territorial y de los mecanismos de protección y cuidado de las playas.

De ahí que en los territorios turísticos deban confluir acciones públicas y privadas para la expansión económica, las infraestructuras públicas, las regulaciones ambientales, de uso del espacio y del transporte y la movilidad urbana, los incentivos al empleo y las políticas de desarrollo social. El relanzamiento del turismo ha de asumir su entorno físico y humano si quiere apostar a salir de la crisis y afianzar su porvenir.