“Nosotros veíamos con ilusión tener un pedazo del paraíso”, es una de las frases con la que Dolores explica la motivación suya y de algunos ciudadanos extranjeros para invertir en varios apartamentos o condominios en los sectores Punta El Cortecito y Los Corales, ubicados en Bávaro, provincia La Altagracia. 

Sin embargo, el sol, playa y arena que ofrecen estas localidades de la región este no ha sido suficiente para evitar que la inversión en apartamentos hecha por estas personas para vivir o rentar se vea perjudicada por un problema que, según explicaron, se ha agravado con los años: el ruido. 

“Desde hace años se ha incrementado la presencia de restaurantes y bares que ponen en sus terrazas bocinas y música en vivo. Nosotros no pedimos que se cierren estos negocios, estamos pidiendo a las autoridades que se respeten las leyes, los decibeles y sobre todo los horarios”, señalan los extranjeros, durante una visita hecha a Diario Libre para denunciar la situación. 

Los afectados detallan que quienes construyen en la zona suelen quedarse con los primeros pisos destinados a ser empleados como locales, que posteriormente son vendidos o alquilados a particulares que instalan estas clases de negocios, pese a que “las constructoras nos prometen que harán solo oficinas”. 

Los denunciantes aseguraron que invirtieron en la zona hace nueve y 13 años y que, actualmente, pierden, por concepto de alquiler, un mínimo de 1,000 dólares por semana. “La gente te alquila un apartamento por tres meses y a las varias noches se quieren ir”, sostienen. 

“Algunos hemos tenido que incurrir en la compra de ventanas antirruido que cuestan unos 60 mil dólares y eso es casi el precio de un apartamento nuevo en muchos lugares”, agregan. 

Los denunciantes indican que han acudido ante las autoridades, sin lograr una solución definitiva al problema. “Cuando la Policía va por las denuncias, ellos van y se ríen”, declaran los afectados.

Procuraduría: “Nosotros actuamos si hay una denuncia”

De acuerdo a las leyes dominicanas, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente tiene la responsabilidad de administrar las sanciones contra quienes violen las normas establecidas sobre los ruidos permitidos. Diario Libre contactó al magistrado Pedro Núñez, titular de este organismo en La Altagracia, a propósito de la denuncia.

Núñez dijo no tener conocimiento de denuncias en Los Corales y Punta El Cortecito.«Nosotros actuamos si hay una denuncia y se comprueba de que hay una violación a la ley»Pedro NúñezProcurador para la Defensa del Medio Ambiente en La Altagracia“

 “Recibimos denuncias constantes de ruido, sobre todo en Bávaro e Higüey, pero cuando llegan las trabajamos. Nosotros hacemos operativos constantes, con los fiscales de la Fiscalía ordinaria y la Policía”, sostuvo, e indicó que las visitas incluyen la medición de los decibeles.

Al ser preguntado sobre las sanciones contempladas contra quienes infrinjan la ley, Núñez dijo que existen sanciones administrativas, como la remediación. “Es un acuerdo que se hace con el denunciado con requisitos que se establecen. Cuando son negocios reincidentes, puede solicitar ante un tribunal cierre temporal o definitivo”, explicó.  

¿Qué dicen las leyes?

Los niveles de emisiones de ruidos máximos permisibles en decibeles (unidad de medida de la intensidad sonora) están plasmados en la “Norma Ambiental Para la Protección contra Ruidos”, desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2003, cuando aún era la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

La norma detalla que en las áreas residenciales con industrias o comercios alrededor el nivel de decibeles debe mantenerse en 65 en horario diurno (de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.) y 55 en horario nocturno (9:00 p.m. a 7:00 a.m.).

Diario Libre acudió a Punta El Cortecito y Los Corales tras la denuncia, donde se observó, con asistencia de una aplicación móvil, que los niveles de decibles registrados eran de entre 60 a 85 decibeles, a las 9:00 p.m. y cerca de la medianoche. 

En 2019 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 90-19, que modifica la Ley 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora. Una de las razones de la modificación es que la norma de 2004 “carecía de mecanismos punitivos y sancionadores” para su correcta aplicación.

Sin embargo, la referida ley no detalla cuáles son los niveles de ruido permitidos, solo prohíbe “el ruido nocivo, molesto o perjudicial para la salud dentro de la República Dominicana, cualesquiera que fuere su origen y lugar”.

“La zona turística no está regulada”

Sobre el tema fue consultado el titular de la Asociación de Sueños de Bares y Restaurantes de Bávaro, Alberto Abreu, quien, al ser preguntado sobre cómo los negocios obtienen los permisos para colocarse en zonas residenciales, sostuvo que en ese caso se genera un tema delicado.

“Hay muchos negocios que tienen años establecidos y vienen y le construyen un edificio justo al frente, en la zona que es comercial. Si usted construye un edificio en una zona comercial entenderá que en un momento dado eso le va a molestar a los que viven ahí”, añadió.RELACIONADAS

A juicio de Abreu “los desarrolladores no toman eso en cuenta antes de construir y tampoco la zona turística está regulada por un criterio o plan de ordenamiento territorial que diga aquí se va a construir vivienda o esta será comercial o industrial. Como no está regulado, eso genera que los clientes se quejan no solo por los negocios, sino en general”.

De su lado, el director del distrito municipal de Bávaro-Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito) sostuvo que la no emiten permisos para estos negocios. Sobre lo expresado por Abreu, Ramírez indicó: “Hemos estado tratando de exigir un plan de ordenamiento territorial, debido a que quien regula el tema residencial hasta ahora es Higüey”.

El edil indicó que han buscado, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, un plan de ordenamiento. “Esperamos que con la nueva ley (368-22) esto se pueda hacer”.

“Hemos invertido mucho dinero, nos animamos por la Ley de Incentivo Turístico para que los extranjeros compraran en el paraíso, pero ahora lo que encontramos es un infierno”, concluyeron los denunciantes.