A medida que se acerca el final de la temporada turística, las ciudades ponen en marcha leyes para controlar el turismo excesivo y reprimir a los visitantes maleducados y a los propietarios de alojamientos ilegales.
Valencia, en el este de España, ha anunciado sus planes de cortar la electricidad y el agua a los alojamientos turísticos ilegales de la ciudad. La alcaldesa, María José Catalá, cree que el suministro excesivo de agua y electricidad a los alquileres de corta duración repercute gravemente en los residentes permanentes.
Los medios de comunicación locales informaron de que Catalá declaró en el debate sobre el estado de la ciudad esta semana que la existencia de los pisos turísticos «repercute en el precio de los alquileres, desplaza a la población, implica la progresiva desaparición del comercio local en favor de las tiendas para turistas, e implica un desequilibrio en las dotaciones públicas» que favorece a los turistas frente a los locales.
Catalá parece tomarse la situación muy en serio. En nombre del Ayuntamiento, ha solicitado poder para sancionar los pisos turísticos ilegales e imponer multas de hasta 600.000 euros a los propietarios que se nieguen a cumplir las nuevas leyes.
Los registros muestran que, bajo el mandato de Catalá, las inspecciones de apartamentos turísticos han aumentado un 454% sólo este año y que la actividad policial contra los pisos turísticos ilegales ha pasado de 73 denuncias en 2022 a 449 en lo que va de 2024. Este año ya se ha ordenado el cierre de unas 278 residencias ilegales.
La medida llega después de que el Ayuntamiento de Sevilla, en el sur de España, fuera informado de que estaba en su derecho de cortar el suministro de agua a los alojamientos turísticos ilegales.
Antes de que se tomara la decisión a finales de agosto, Sevilla ya había cortado el suministro a seis pisos turísticos declarados ilegales.
Aunque tres de los propietarios recurrieron, el juez aceptó el argumento del Ayuntamiento de que los pisos no eran la residencia de ninguno de los propietarios, y se puso de parte de los vecinos que se habían quejado del ruido.Sevilla.Taisia Karaseva via UnSplash
El Ayuntamiento de Sevilla cree que hay unos 5.000 pisos ilegales en la ciudad, además de los 10.000 que sí tienen licencia. Las autoridades confirmaron que el suministro de agua sólo se restablecerá cuando los pisos vuelvan a ser residencias normales.
El turismo en Sevilla se ha disparado desde el final de la pandemia de la COVID-19. La ciudad, de apenas 700.000 habitantes, ha experimentado una afluencia de unos 3,5 millones de visitantes al año, la mayoría de los cuales optan por alojarse en el pequeño centro histórico.
De vuelta a Valencia, la alcaldesa también ha sugerido que la ciudad podría cambiar las normas que regulan el atraque de cruceros en el futuro. Catalá dijo que el tema de los barcos «merece una reflexión» y planteó la idea de «limitar y reducir la llegada» de los grandes cruceros.
Anunció que se está trabajando en la creación de un grupo permanente con miembros del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y el sector de cruceros «para regular el tráfico de cruceros«.
«Queremos diseñar una estrategia compartida de sostenibilidad social y ambiental de los cruceros y garantizar un turismo de cruceros de calidad, buscando la desestacionalización de las escalas, la distribución del flujo de cruceristas en destino y la planificación», dijo.
Catalá también indicó que su equipo «priorizará aquellos buques que utilicen Valencia como puerto base, es decir, aquellos que pernocten en la ciudad y, por tanto, que generen un mayor impacto económico para buscar un turismo de calidad».
La capital de Hungría también está tomando medidas contra el turismo excesivo, y acaba de anunciar que prohibirá todos los alquileres de corta duración en la ciudad.
Los habitantes de Budapest votaron por escaso margen la prohibición de este tipo de alojamiento, pero no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2026.
Sin embargo, no será una medida radical. A partir de 2026, la prohibición sólo afectará a una pequeña parte de Budapest, el Distrito VI, también conocido como Terézváros.Budapest.Emma Fabbri via UnSplash
A pesar de su tamaño relativamente diminuto, es probable que la prohibición se deje sentir con cierta importancia, ya que es una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad.
El 54% de los habitantes de la zona votaron a favor de la prohibición, y se cree que podría ser la primera de estas decisiones. Al parecer, el Gobierno de Viktor Orbán está dispuesto a imponer este tipo de prohibiciones en todo el país.
Muchos húngaros están descontentos con el hecho de que los alquileres de corta duración contribuyan a la escasez de viviendas y a que los residentes locales no puedan permitírselas.
La capital griega también ha anunciado su intención de prohibir los alquileres de corta duración a partir del 1 de enero de 2025, aunque la medida parece ser temporal por el momento.
Sólo un día después de la decisión de Budapest, el Gobierno griego ha anunciado que dejará de conceder nuevas licencias de alquiler a corto plazo en los distritos municipales primero, segundo y tercero del centro de Atenas. De momento, la restricción sólo se mantendrá durante 12 meses.
Tras ese periodo, las autoridades analizarán si la prohibición ha tenido suficiente impacto en el turismo y en la situación de la vivienda local antes de decidir si la prorrogan o no.Related
Anteriormente, el Gobierno sólo quería probar el plan durante 90 días, pero pronto se decidió que no habría sido suficiente. En su lugar, la prueba, de un año de duración, se aplicará a los distritos en los que los alquileres de corta duración representen más del 5% del parque total de viviendas y, por tanto, tengan un impacto notable en la vida de los residentes.
Las autoridades atenienses también colaborarán con los propietarios para animarles a ser más respetuosos con la población y el medio ambiente.
Tras un verano de desastres naturales relacionados con el cambio climático, el Gobierno local impondrá un impuesto diario a los alquileres de corta duración para hacer frente a la crisis actual.
Durante el periodo de abril a octubre, el impuesto aumentará de los 1,5 euros diarios actuales a 8 euros. En temporada baja, subirá de 0,50 a 2 euros al día, según la agencia de noticias Reuters.
A pesar del exceso de turismo y de los incendios forestales, que han provocado innumerables evacuaciones, 2024 será un año récord para Grecia en cuanto a ingresos por turismo. Se espera que los ingresos del país por este sector alcancen los 22.000 millones de euros a finales de año.
Este tipo de medidas no han afectado demasiado negativamente a otros puntos turísticos europeos. En agosto, siguiendo el ejemplo de ciudades como Londres, Dublín, Ámsterdam y París, la capital checa anunció su intención de limitar la oferta de alojamiento turístico de corta duración.
Las autoridades de Praga esperan que la medida propuesta reduzca los precios inmobiliarios y garantice que los turistas no expulsen a los residentes.
En Barcelona, las autoridades locales han dado un paso más. La popular ciudad costera española ha anunciado planes para eliminar todos los alquileres turísticos de aquí a 2028. Sin embargo, la reacción ha sido dispar entre los catalanes y la numerosa población extranjera de la ciudad, que alcanza ya un significativo 25%.