Tras la sentencia del Tribunal Supremo, la cual declaraba que las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos, Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), asegura en exclusiva a NEXOTUR que esta «va en línea con la intención del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la Enmienda de Propiedad Horizontal».
En este sentido, Sotillos señala que entienden que «pueda ser razonable poner límites e incluso prohibir actividades, pero nos oponemos a que el régimen de autorización sea ex ante (que sólo se pueda aplicar una vez que la ley se haya publicado y no antes), que no sea una modificación de la ley más sobre que los vecinos voten que haces con tu casa, además de que los jueces ya presuponen que las VUTs causan problemas y daños». En este caso, afirma que «para eso ya está la Ley de Propiedad Horizontal ya que da los sistemas en caso de que una vivienda cause problemas, concretamente se puede limitar e incluso prohibir hasta tres años su uso».
Sotillos prosigue afirmando que «respetamos la sentencia, pero se ha estado buscando la manera de vestir el que limitar signifique prohibir. Pusieron limitar y han querido hacer una interpretación muy extensiva del concepto, tanto que casi es prohibir». Respecto a las votaciones de las comunidades, «creemos que hay mucha desinformación y es que, cuando se vota para prohibir, lo que se prohíbe es a los futuros propietarios que quieran alquilar, a los que ya están alquilando no se les va a hacer nada, se les está cerrando un derecho a futuro por posibles reconsideraciones propias». Además, en caso de querer deshacerlo, «es mucho más difícil, lo que dice la ley es que una vez modificados los estatutos, requiere unanimidad y no tres quintas partes, por lo que si cualquier otro vecino por ejemplo que ya tenga VUT no quiere hacerlo, no lo podrían hacer el resto».
El presidente de la Federación también recalca que las VUTs, según datos del INE, suponen el 31% de la capacidad alojativa legal en España. Por lo que, Sotillos pregunta si España puede renunciar a los 30.825 millones de euros de gasto que los turistas alojados en estas viviendas realizaron en 2023. Además, remarca que «los turistas alojados en este tipo de vivienda fueron un 8,63% del total en España, junto a esto nuestras estancias son mucho más largas y hay mucho menor volumen de personas que se alojan con nosotros en comparación con el resto».
«Nosotros tenemos 24,4 millones de turistas, otra cosa es que se confunda la cantidad de gente que viene a España y se aloja en otra tipología. Los turistas que se alojan en casa de amigos y familiares son 83.101 millones, el 29,9% y el turista con segunda resiencia es un total de 32.845 millones turistas, el 11,62%, por lo que estas viviendas alojan el 41% de los turitas, el 50,63% en hoteles, y 8,63% en las VUTs».
Respecto al tema de la gentrificación, Sotillos declara que «el uso turístico de una vivienda suele ser temporal. En cambio, cuando coges un bloque de viviendas en el centro y lo conviertes en un hostel, hotel o pensión, hay cambio con uso terciario con liciencia de apertura y nunca he visto que un edificio así luego se haya reconvertido de nuevo en vivienda. Nosotros damos una plasticidad a las ciudades que no da otra tipología de alojamiento y ponemos en valor inmuebles ya construidos que en caso contrario no tendrían otro uso».
En lo que se refiere a la influencia de las VUTs en la tensión del mercado del alquiler, Sotillos señala que estas «son el 1,4% del total de viviendas construidas, reconocemos un marco que regule la convivencia entre los derechos de los propietarios y el uso turístico. Nosotros hemos trabajado de manera activa con las administraciones y vecinos para llevarnos de la mejor manera posible».
En referencia a estos, el presidente de la Federación asegura que «aprovechando avances tecnológicos, hemos implementado pruebas piloto de un sistema que hace una monitorización del ruido de las VUTs y en caso de excederse, de manera automática el inquilino recibe una llamada y a la segunda vez que salte esto en un periodo corto, una persona contratada se dirige hasta la vivienda y les llama al orden». Tras estas operaciones, «los datos que tenemos son que la intervención de esa perosna ha sido necesaria en menos de un 1% del total de avisos, por lo que las molestias ocurridas supone menos de un 1% del total de las reservas».
Sobre el tema de la seguridad, «se nos achaca que la gente tiene miedo porque entra y sale mucha gente que no conocen en poco tiempo, las VUTs están sometidos al Real Decreto 933/2021 de Seguridad Ciudadana y es obligatorio hacer la ficha de policía y presentarla en comisaría antes de 24 horas, ellos ven y verifican los datos del inquilino». En cambio, «cuando se hace un arrendamiento de temporada o un arrendamiento de Ley de arrendamiento urbano para todo el año, esa comunicación no es obligatoria. Si conoces al inquilino que está ahí durante más tiempo, pero no sabes si tiene algo pendiente con la justicia. Esto se ha vertido de manera continuada y falsa sobre nosotros y no es real».
