Claudia S. de Windt

De la meta de diez millones de visitantes al año, su concentración en determinadas zonas del país, así como del número y la localización de nuestros aeropuertos, surgen preocupaciones de sostenibilidad y transparencia de cara a los compromisos internacionales. Estas preocupaciones se derivan no solo del estado de emergencia sanitario sino ambiental y climático, evidenciado incluso en los embates de las tormentas tropicales Isaías y Laura.

Nuestra constitución establece entre los principios rectores del régimen económico, el crecimiento sostenible como la búsqueda conjunta del Estado y el sector privado de un crecimiento económico equilibrado y bienestar social, utilizando racionalmente los recursos disponibles. También nuestra carta magna fundamenta el régimen en la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Estos principios y fundamentos son más que aplicables al principal pilar de nuestra economía y a la aspiración de recibir anualmente diez millones de turistas. La tendencia creciente hasta 2018, más siete millones doscientos mil visitantes en 2019, sufrió una baja que continua.

El turismo sostenible aborda las necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades visitadas, contemplando plenamente el impacto económico, social y ambiental, presente y futuro. Es un turismo diversificado y promotor de nuevos segmentos de mercado, productos y actividades complementarias que elevan su valor agregado, incorporando el acervo cultural, histórico y medioambiental a la oferta (Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo). A mayor valor, más competitivo es el sector, no necesariamente a mayor número de visitantes.

El 60% de los visitantes a nuestro país ingresan por el polo turístico del Este. Sin entrar en cuestiones del tráfico aéreo, el aumento de visitantes al país tiene potencial de incrementar presiones ambientales en esta zona. Además de limitar el desarrollo con estándares y niveles de competitividad en otras regiones de menor desarrollo con excelentes condiciones naturales para explotación turística o ecoturística.

La sequía severa de 2019 complicó el suministro de agua y resultó en planes de racionalización en la capital. En el Este, según Meteorología el déficit de lluvia fue 98.3%.

Esta zona, aun su desarrollo turístico, tiene retos ambientales en particular en cuanto a la seguridad hídrica, el manejo de residuos y la pobreza monetaria.

El impacto ambiental de derivar mayor tráfico de pasajeros a una zona debe considerar la huella ecológica existente y la capacidad de asimilación de los sistemas ambientales. Además, debe analizar como la presión adicional afecta nuestros compromisos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris.

Nuestro país para un territorio de 48 442 km² tiene en funcionamiento ocho aeropuertos internacionales. En contraste, Inglaterra, aunque quizás no un destino tan atractivo también insular, con extensión territorial cinco veces la nuestra, tiene once. En 2018 los ingleses recibieron más de treinta y seis millones de visitantes, casi cinco veces más que República Dominicana, con tan solo dos aeropuertos adicionales.

Por otro lado, México, importante destino turístico regional, catorceavo país en extensión territorial mundial, con dieciocho aeropuertos internacionales, en 2018 recibió más de cuarenta millones de visitantes. 90 % por ciudad México. Sin embargo, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucia en dicha ciudad, por preocupaciones de impacto ambiental fue temporalmente suspendida por una medida de la justicia federal. También, hace poco en el Reino Unido la justicia decidió que la ampliación de Heathrow su principal aeropuerto en Londres no despegará por incoherencias con compromisos climáticos y el Acuerdo de Paris.

En la República Dominicana, no hay precedentes judiciales en estos temas. Sin embargo, ante el escenario internacional al respecto y las posibilidades, cabe tener en cuenta que todas las decisiones sobre infraestructura aeroportuaria y turística debe haber amplio acceso a la información. En el entendido de que la máxima publicidad y la supremacía del interés público son principios básicos del acceso a la información pública. Las excepciones por posible afectación de intereses y derechos privados carecen de legitimidad, salvo que el daño causado a dichos intereses sea mayor que el interés público. Estas excepciones son de difícil argumentación en materia ambiental. La confrontación entre intereses y derechos individuales debe ser armonizada con los derechos de incidencia colectiva para asegurar que la industria lícita sea sostenible desde una perspectiva integral y sistémica de protección de los bienes y recursos estratégicos. El derecho internacional y la jurisprudencia interamericana han definido la aplicabilidad del principio precautorio y que la mejor forma de abordar las preocupaciones ambientales es con la participación de todos los interesados.

El Caribe, por su dependencia del turismo y los viajes, ha sido una de las regiones económicamente más golpeadas por la pandemia. Después del cierre de fronteras, el escenario de reapertura no es alentador y en nuestro país, actualmente, limitado por un estado de emergencia y restricciones a los viajeros.

Las recomendaciones para reforma post pandemia del producto turístico, se fundamentan en la innovación, la fuerza laboral, la sostenibilidad, medidas de conservación de agua, energía, transición economía circular e inteligencia climática, que contribuyan a brindar auténticas experiencias comunitarias y de destinos locales.

En la actual coyuntura, no es claro el aumento en las llegadas, ni si lograremos los ansiados diez millones de visitantes. Lo que es afirmativo, es que necesitamos turismo sostenible y para lograrlo, debemos mirar más allá del número de visitantes y de una zona. Crear más y mejores empleos e integrar los posibles beneficios económicos, sociales y ambientales a las comunidades de todas nuestras regiones con potencialidad. Es clave, promover integralmente el destino turístico dominicano, como aquel donde la seguridad jurídica, social y ambiental se respetan.