Editorial invitado

Periodico La Informacion de Santiago, 29-05-2019

El Estado dominicano recibió de manos del Procurador General de la República, el título de propiedad que lo define como el único dueño de los terrenos de Bahía de las Águilas, donde se encuentra una de las más bellas playas de las islas del Caribe.

Se recuerda que esa propiedad pública fue objeto del robo más grande del patrimonio nacional que se haya intentado realizar en la historia de la nación. Ese intento fue concebido por al menos dos altos funcionarios: uno director del IAD; y el otro del Registro de Títulos, quienes se idearon un proyecto de reforma agraria para distribuir los terrenos de la playa entre supuestos campesinos, que al final del proceso fraudulento pasaron a manos de un grupo de funcionarios, políticos y abogados.

Para emitir los títulos se instaló una oficina en un barrio céntrico de la Capital, equipada de computadoras y tres abogados de una reputada firma, que hicieron todo el procesamiento de las informaciones hasta sacar los títulos a nombre de los últimos beneficiaros, entre los que se encontraban un famoso desarrollador de Pedernales, un excandidato a la presidencia y por supuesto los tres abogados responsables de la papelería computarizada, además de una lista considerable de supuestos propietarios. De esa manera se intentó burlar al Estado para apropiarse, o mejor decir, para robarle al pueblo dominicano una inmensa propiedad que representa una inmensa fortuna.

La trama contra ese patrimonio público se gestó en el gobierno de los 10 años del Dr. Balaguer y se descubrió en el gobierno del Dr. Fernández, quien encargó a la Dra. Piki Lora para la investigación del caso, la cual pudo levantar y elaborar el expediente de la fraudulenta apropiación.

Más adelante, al inicio del primer gobierno del Presidente Medina, éste seducido por algunos funcionarios, estuvo al tris de legalizar la fraudulenta operación, sin embargo, tuvo la sensibilidad de escuchar el grito de la población que se levantara contra el hurto, y desautorizó la operación, encargando a la Dra. Laura Acosta, hija de Piki, para sanear el expediente a través de la Justicia, donde se determinó el carácter fraudulento de los títulos en manos de particulares, al tiempo de proceder a la anulación de dichos títulos y declarar como único dueño al Estado dominicano.

Con el acto de entrega del título a su real y verdadero dueño, el Estado dominicano, se cierra uno de los mayores escándalos de corrupción que se hayan producido en la historia política dominicana. Esa acción de recuperación, además, sirvió para fortalecer la imagen de la gestión del gobierno, al manejar el caso a favor de su popularidad, pero también a favor del patrimonio de la República.

Con el cierre del caso de Bahía de las Águilas, el gobierno tiene abierta la oportunidad para que ese patrimonio, de gran vocación turística, sea desarrollado de acuerdo al protocolo ambientalista, y de esa manera se convierta en otro polo de desarrollo turístico en beneficio de los habitantes de Pedernales y de todo el país, cuya población podrá disfrutar con mayores facilidades de una zona de playas de las mejores del Caribe.

¡Manos a la obra!