La caída de Thomas Cook, el segundo turoperador más grande del mundo, ha provocado un efecto dominó en el que hay infinitud de afectados: por supuesto, en primer lugar están los 600.000 clientes que han visto con impotencia cómo sus vuelos se cancelaban de la noche a la mañana; por otro lado, los hoteles y alojamientos a lo que iban los turistas y que ahora ven comprometido el pago de sus facturas. También hay 22.000 trabajadores que han perdido su empleo… Un desastre de enormes proporciones que hace preguntarse si el Gobierno de Boris Johnson podría haber hecho algo más para evitar su quiebra.
Ciertamente, pudo. Esta mañana, el primer ministro británico declaraba que el Gobierno se negó a otorgarle a Thomas Cook los 150 millones de libras que pedía para evitar entrar en quiebra, porque hacerlo podría llevar a que otras empresas esperaran el mismo trato en un futuro. Johnson dejó caer a un símbolo de Reino Unido premeditadamente, argumentando además que sería un gasto enorme para los contribuyentes. Eso sí, ha ordenado inmediatamente a la Aviación Civil que comience la repatriación de los aproximadamente 150.000 turistas británicos afectados.
De los otros 450.000, la mayoría de ellos alemanes, no ha hablado. Y ese quizás sea el mejor ejemplo de que la caída de Thomas Cook es un anticipo de lo que podría ocurrir si se produce un Brexit ‘duro’: no solo la decisión de dejar caer a la compañía ha empeorado el clima económico en el país (había inversores turcos, chinos y rusos detrás que probablemente se lo pensarán dos veces antes de introducir capital en Reino Unido), sino que además los turistas no británicos se han quedado ‘tirados’ sin posibilidad de utilizar los servicios de la Aviación Civil. Una evidencia del tipo de relación que quiere mantener el primer ministro británico con ciudadanos extranjeros tras el Brexit.
Tres millones de europeos, vulnerables ante el Brexit
De hecho, la situación es realmente incierta para quienes residen en Reino Unido: según los datos que maneja el Gobierno británico, quienes peor lo tienen son alrededor de 1,35 millones de europeos (el 42% del total) que, a día de hoy, no tienen asegurado el derecho de arraigo tras un eventual Brexit ‘duro’. Se trata de una proporción inmensa de ciudadanos de la UE que no se considera que hayan demostrado que pueden quedarse en el país, bien por parentesco, filiación o relación conyugal, bien por llevar un tiempo trabajando en Reino Unido.
Por eso, el futuro de los más de tres millones de europeos que residen actualmente en Reino Unido pende de un hilo. A finales de agosto, el Gobierno británico advertía de que la actual normativa que permite a los ciudadanos comunitarios vivir y trabajar libremente en Reino Unido «terminará» en el caso de que la retirada de la Unión Europea se ejecute sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Una amenaza de acabar con el espacio Schengen en Reino Unido que se enmarca dentro de las tensas negociaciones con Bruselas para alcanzar una retirada negociada del bloque comunitario, con el Parlamento británico cerrado por el primer ministro.
Por si fuera poco, una portavoz del Ejecutivo de Boris Johnson también explicaba en agosto que, si se llega a una situación de un Brexit sin acuerdo, se introducirán nuevas leyes «más duras» para aplicar a aquellas personas que vengan a Reino Unido. De hecho, uno de los objetivos del Gobierno es implementar un sistema de puntos de ciudadanía similar al empleado por Australia para controlar la inmigración y que, entre otras cosas, discrimina por edad (los mayores de 45 años tienen 0 puntos) o por nivel de estudios.
Actualmente, el principio de libre circulación explicitado en el Tratado de Schengen posibilita a los ciudadanos de la UE residir y trabajar en cualquier otro país del bloque comunitario. Y precisamente Reino Unido es uno de los principales destinos de numerosos europeos que han escogido cambiar de residencia desde que la libre circulación en la UE está en vigor. De hecho, el país acoge actualmente a aproximadamente 3,2 millones de ciudadanos de otros países comunitarios.
