En el afán de consolidar y potenciar los éxitos en el sector turístico de República Dominicana, resulta imperativo ajustar la realidad actual mediante una revisión y actualización de las reglas y regulaciones que lo rigen. Este cambio de paradigma debe ser liderado por un nuevo marco normativo, definido por los legisladores que emerjan de las elecciones de mayo de 2024.

La clave reside en reestructurar proyectos previos, considerando factores cruciales como proyecciones, planes de inversión y colaboraciones público-privadas. El objetivo es lograr una ley final que no solo responda a las expectativas del país, sino que también se alinee con la Constitución, disposiciones y acuerdos internacionales, siendo legitimada, justa y equitativa.

Debido a que nuestro país cosecha éxitos notables en el ámbito turístico, destacándose como un líder regional e internacional. Según el reciente informe del Ministerio de Turismo, el 41% del crecimiento económico nacional se atribuye al sector turismo, generando más de RD$352,236 millones en compras.

Es así como en el 2023, se registraron 620,000 empleos directos, con un impacto económico total de 11,000 millones de dólares. Hasta septiembre, la oferta hotelera alcanzó las 83,504 habitaciones, con una tasa de ocupación del 75.2% anual. La inversión extranjera directa en el sector ascendió a US$532.5 millones.

La contribución al PIB por parte de la industria turística se cifra en US$22,208 millones, con un efecto multiplicador del 44%, impactando tanto la inversión como el consumo de los hogares, generando US$7,365 millones de manera indirecta. A diciembre de 2023, el país ya había recibido 10 millones de visitantes.

En ese contexto oportuno es donde los legisladores deben actuar para garantizar reglas plurales y democráticas. Un recurso para asegurar con un marco legal condiciones laborales justas y seguras para los trabajadores de la industria turística.

Además, que contemple, impulse e invierta en investigación y educación relacionadas con el turismo sostenible, la formación de profesionales especializados, así como concienciar a la población sobre la importancia del turismo responsable.

Dicha nueva legislación obligatoriamente deberá centrarse en promover el turismo sostenible como un objetivo principal. Esto implica adoptar prácticas que respeten y preserven el entorno natural y cultural, asegurando que el turismo no cause daños irreparables.

Involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el turismo es crucial, equitativo y sostenible. Pues que con esta disposición legal y su implementación normativas estrictas que eviten impactos sociales-culturales y ambientales generados por la forma como se aprovecha el desarrollo turístico.

Finalmente, el éxito del sector turismo nuestro está asociado a una armoniosa, oportuna y adecuada relación entre el sector público y el privado. Entonces, con esta iniciativa legislativa se sembraría su base. El nuevo marco normativo deberá establecerse y tendrá que responder a esa realidad. Como sistema efectivo, que responda mediante monitoreo, regulaciones y cumplimiento más allá de lo político.

En ese sentido, la revisión de la normativa turística es esencial para establecer un marco legal robusto y seguro, facilitando el flujo sin contratiempos de las inversiones en este sector vital para el crecimiento del país. Auspiciar espacio para adecuarse a la realidad actual en términos político-sociales, económicos, medioambientales, territoriales y regionales.

Desde esta visión, la República Dominicana estaría a la altura de la circunstancia para apuntalar su industria turística sólida que contribuya al desarrollo económico, y proteger al mismo tiempo sus recursos tanto culturales como naturales para las generaciones futuras.