El Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, presentado por el ministro de Hacienda, es una propuesta ambiciosa que busca transformar el sistema tributario dominicano. Enfocado en combatir la evasión fiscal, revisar las exenciones tributarias, ajustar el impuesto sobre la renta para los más altos y modificar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, la reforma tiene el objetivo de mejorar la recaudación y promover una mayor equidad fiscal. Sin embargo, es fundamental que estas medidas no perjudiquen a los sectores más vulnerables, consolidando así una estructura tributaria más eficiente y justa.

Por otro lado, mediante la consigna “Sin Confotur no hay paraíso” liderada por Asonahores refleja la preocupación del sector turístico ante los posibles efectos adversos de la reforma. La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) argumenta que la eliminación de incentivos fiscales, como los ofrecidos por la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico (Confotur), podría amenazar la estabilidad del turismo en el país. Esta iniciativa podría estar buscando sensibilizar a la opinión pública y a los legisladores sobre la importancia de mantener estos beneficios.

El presidente de Asonahores destaca que el turismo ha sido un motor de modernización en la República Dominicana, con vínculos económicos profundos en otros sectores. La Ley 153-71 y la Ley 158-01 han sido fundamentales en este proceso, permitiendo la construcción de infraestructuras hoteleras y promoviendo un turismo sostenible. Sin embargo, el impacto social negativo en las comunidades locales y el medioambiente no siempre se toma en cuenta en este debate.

En este contexto, Asonahores advierte que la eliminación de los incentivos fiscales podría resultar en una reducción drástica de la inversión extranjera y en una disminución significativa de ingresos, lo que afectaría al principal motor económico del país. La Cámara de Diputados, por ejemplo, podría tomar en cuenta esas legítimas preocupaciones sobre el supuesto impacto en la actividad turística y la economía en general.

En ese sentido, desde la promulgación de la Ley 153-71, el país ha experimentado un crecimiento constante en el sector turístico, que se ha convertido en un pilar fundamental de la economía dominicana. Las políticas públicas han permitido la diversificación hacia modelos de ecoturismo y turismo cultural, equilibrando el desarrollo económico con la conservación del patrimonio natural.

En cambio, la Ley de Modernización Fiscal pretende fortalecer los ingresos fiscales y estimular el desarrollo socioeconómico, aunque se anticipa que sus efectos tangibles podrían tardar en materializarse. Se espera una inversión significativa en sectores clave como la salud (Primer nivel de atención médica), el transporte y la seguridad, lo cual debería mejorar gradualmente la calidad de vida de la población.

No obstante, es crucial abordar tanto los retos como los peligros de esta reforma. La necesidad de aumentar la recaudación fiscal y garantizar la justicia fiscal son objetivos primordiales, pero se deben tener en cuenta las preocupaciones de la sociedad para evitar una resistencia social que pudiera complicar el proceso.

Sin embargo, los efectos sociales de las políticas públicas en el turismo no son inmediatos. Requieren un enfoque integral y la participación activa de todos los actores involucrados. El desarrollo de la infraestructura y la capacitación de la mano de obra son procesos que demandan tiempo para alcanzar su máximo potencial.

A pesar de las preocupaciones expresadas por Asonahores, el presidente Abinader ha asegurado que el sector turístico seguirá creciendo, gracias a la inversión nacional y extranjera. La Ley de Modernización Fiscal, aunque eliminará ciertos incentivos, no detendrá el éxito del turismo dominicano.

En ese contexto, es significativo el diálogo entre el sector público y privado sea fundamental para modernizar la legislación y garantizar que el turismo continúe contribuyendo significativamente a la economía nacional. Solo a través de un enfoque colaborativo se podrá lograr un equilibrio entre la necesidad de una reforma fiscal y la protección de uno de los sectores más importantes del país.